Sobre la ITE

Según parece el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene en mente sacar próximamente una nueva normativa para que todos las viviendas de más de 30 años tengan que someterse a una Inspección Técnica de Edificaciones. Dicha inspección la tienen que costear los dueños de las viviendas y su precio oscila entre los 60 y 300€, y, además, el arreglo de los desperfectos que pudiese haber también deben costearlo los propietarios. Alegan los responsables de la normativa que ésta se lleva a cabo para regular la obligación de mantener en situación de habitabilidad las casas, a fin de evitar desplomes o problemas mayores.

No cabe duda de que los dueños de las casas tienen un deber hacia sus propios hogares de mantenerlos en buenas condiciones. Lejos de este artículo negar dicha responsabilidad. Pero, ahora bien, también tienen un deber de trabajar para procurarse su sustento, que se traduce en un derecho al trabajo que, hoy por hoy y de forma agravada por la crisis financiera, no se cumple. Si las instituciones político-económicas no cumplen su parte de garantizar el derecho al trabajo no parece de recibo que exijan el cumplimiento de una serie de deberes que, sin el anterior, no es posible cumplir. El Ayuntamiento con esta normativa parece mofarse de la situación crítica de tantas familias, cuanto más que, en sana lógica, las que peor lo están pasando serán las que tengan mayores desperfectos en sus viviendas.

Si el Ayuntamiento lo que quiere es incentivar la economía debería plantearse formas menos violentas hacia los ciudadanos ya suficientemente estrangulados por la crisis que, por otro lado, ellos no han generado. Si las instituciones políticas abrieron la Caja de Pandora económica al liberalizar los mercados financieros ahora deberían asumir su responsabilidad y volver a subordinar la economía al bien común, y no cargar el peso de sus nefastas decisiones sobre el ciudadano de a pie.

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