Episcopado Español (I)

Sobre la II República

«Los principios y preceptos constitucionales en materia religiosa no sólo no responden al mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirados por un criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva aun a aquellas mínimas exigencias.

Hubiérase creído oportuna la modificación del statu quo tradicional para atemperarlo al cambio político y espiritual del país, y a la Iglesia, que se hace cargo maternalmente del grave peso de la humana flaqueza, y no ignora el curso de los ánimos y de los hechos por donde va pasando nuestro siglo, no le hubiera faltado la debida condescendencia, aun no concediendo derecho alguno sino a lo verdadero y honesto, para no oponerse a que la autoridad pública tolerase algunas cosas ajenas a la verdad y justicia, con el fin de evitar un mal mayor o conservar un mayor bien. Mas, en lugar de este diálogo fecundo y comprensivo, se ha abrogado prácticamente el Concordato sin atender a su carácter jurídico de pacto bilateral y de convención internacional y diplomática.

Más radicalmente todavía se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma sociedad doméstica, con grave menosprecio de sus derechos sagrados y de la conciencia cristiana del país, así como en daño manifiesto de la elevación espiritual de las costumbres y de las instituciones públicas. De semejante separación violenta e injusta, de tan absoluto laicismo del Estado, la Iglesia no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades humanas no pueden conducirse, sin lesión de deberes fundamentales, como si Dios no existiera, o rehuir el atender a la Religión, como si ésta fuere un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva.

(…)

Parece, en suma, que la igualdad de los españoles ante la ley y la indiferencia de la confesión religiosa para la personalidad civil del ciudadano sólo existen, en orden a la Iglesia y a sus instituciones, a fin de hacer más patente que se le crea el privilegio constitucional de la excepción y del agravio.» Documento del Episcopado Español en Los obispos ante la nueva Constitución

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